Qué son los derechos digitales
Los derechos digitales son los derechos civiles reconocidos y protegidos por los Estados. Son ejercidos por el ciudadano cuando accede a las redes de comunicaciones, disfruta de sus servicios y utiliza alguna de sus infinitas aplicaciones.
Desde el punto de vista conceptual no hay diferencia entre los derechos en el mundo físico y los derechos en el mundo virtual. Pero existe mucha diferencia en los instrumentos jurídicos que se necesitan para garantizar cumplimiento. Se debe a la naturaleza virtual y cambiante del entorno sociotécnico que crean los avances en las tecnologías digitales y al carácter intrínsecamente global de Internet en el que conviven ciudadanos de países con tradiciones culturales y sistemas políticos que reconocen distintos derechos.
Por otro lado, la vida digital del ciudadano está cada día más en manos de las empresas que proporcionan las redes y servicios de comunicación. También de las empresas globales que proporcionan los servicios digitales más demandados. Estas empresas tienen la obligación de respetar nuestros derechos digitales, aunque, en ocasiones, entren en conflicto con sus objetivos.
Los derechos digitales en España
España ha sido pionera en la regulación de los derechos digitales de sus ciudadanos al incorporarlos en la Ley Orgánica 3/2018, vigente el 7 de diciembre del año 2018 que regula la Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En ella, se regula el derecho de acceso universal una Internet abierta, el derecho a la seguridad en Internet y el derecho a la intimidad tanto en el ámbito privado como laboral.
Por otro lado, España ha sido uno de los primeros países que ha adoptado una Carta de Derechos Digitales. En ella se catalogan los derechos digitales y se establecen los principios que deben guiar los futuros proyectos normativos. También el desarrollo de las políticas públicas para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en los nuevos escenarios digitales.
¿Por qué son importantes los derechos digitales?
Definir bien los derechos digitales es muy importante pues permite a los poderes públicos -legislativo, ejecutivo y judicial- regular el ecosistema digital. De esta forma, se establecen los límites a la actuación de individuos y empresas, y sancionar su incumplimiento. Además, su formulación sirve de guía al comportamiento de las empresas en las zonas no reguladas que aparecen continuamente por la emergencia de nuevos productos y servicios digitales.
Todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España son aplicables en los entornos digitales. Pero son el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión los que están más comprometidos en el mundo digital.
Los ciudadanos proporcionamos ingentes cantidades de datos sobre nuestra identidad, pautas de consumo, vida laboral y nuestra participación social. Estos datos son almacenados y procesados en “nubes” mediante sofisticados algoritmos estadísticos como big data, machine learning, Inteligencia Artificial, etcétera.
El objetivo es proporcionarnos productos y servicios personalizados de gran valor para todas las facetas de nuestra vida. Esto no sería posible si el ciudadano no confiase en la seguridad y el buen uso de los datos facilitados a las Big Tech y a los Operadores de Telecomunicaciones.
Todos los años una entidad independiente, con sede en EE.UU, publica el Ranking Digital Rights (RDR). En él, se evalúan las políticas y prácticas de las 14 empresas de tecnología –Big Tech– y las 12 empresas de telecomunicaciones más poderosas del mundo. Para establecer este ranking, analiza el compromiso, la gestión y la transparencia en materia de gobernanza, privacidad y libertad de expresión de sus usuarios.
Los resultados muestran que, aunque año a año se producen mejoras, el margen que queda todavía para la mejora es muy importante. Además, se observan grandes diferencias entre las empresas.
Telefónica y los derechos digitales
En este sentido, tenemos que enorgullecernos de que Telefónica lidere, por tercer año consecutivo, el Ranking Digital Rights (RDR) del sector de telecomunicaciones. El RDR resalta que “la empresa tiene políticas claras y robustas en cuanto a la recopilación y el uso de datos”. En este sentido cabe destacar el valor añadido de la información de los “Centros de Transparencia para los clientes y otros grupos de interés” de Telefónica.
En el apartado de Libertad de Expresión, el ranking destaca la política y las prácticas de debida diligencia de Telefónica en esta temática en general y su compromiso público con la neutralidad de red en particular. Felicitaciones, además, a José María Álvarez-Pallete que desde que asumió la presidencia de Telefónica en 2016 ha sido un fuerte defensor de los derechos digitales.
Los derechos digitales en nuestra vida cotidiana
Nuestra vida cotidiana transcurre en Internet. Pasamos varias horas al día “pasando pantallas” en el móvil, el ordenador, y dentro de poco en sets de realidad virtual. Con cada toque en la pantalla damos datos a las empresas digitales, que a través de algoritmos los procesan y sintetizan para mostrarnos publicidad personalizada. Las cámaras situadas en los espacios públicos y privados pueden recoger nuestra presencia e informar sobre qué estamos haciendo.
Afortunadamente, los gobiernos, a través de regulaciones que implementan los derechos digitales, restringen que pueden hacer las empresas con los datos que recopilan. Un claro ejemplo en el caso de la privacidad es la compartición de la ubicación de las personas. Al activar aplicaciones como Google Maps e, incluso, el tiempo, compartimos nuestra ubicación con las empresas que están detrás. Reglamentos como el reglamento general de protección de datos se aseguran de que se mantenga la privacidad de los ciudadanos y que los datos recogidos se anonimicen de manera adecuada.
Otro ejemplo sería en el uso de redes sociales. Hemos visto casos en los que, cuando un usuario publica un post atentando contra alguno de los derechos como la dignidad o la protección de menores, la empresa lo elimina. Sin embargo, en este último caso hemos visto que a menudo colisionan el derecho de libertad de expresión con otros derechos fundamentales. Por ello, es importante que los gobiernos clarifiquen el alcance de cada uno de los derechos.
El futuro de los derechos digitales
El 15 de diciembre de 2022, la Unión Europea adoptó la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales que convierten a Europa en el lugar del mundo en el que más se ha avanzado en explicitar los derechos digitales y comprometerse a defenderlos. En muchos de los derechos que se enuncian, queda lo más difícil, desarrollar la normativa concreta y conseguir que la implanten todos los agentes que participan en Internet de manera que la vida digital del ciudadano esté protegida.
Fuente: https://www.movistar.es/blog/mi-movistar/que-son-los-derechos-digitales/
Jorge Pérez Martínez
Jorge Pérez Martínez es doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Diálogos para la Democracia y Patrono de Fundetel. Desde 1990 es Catedrático de la ETSI de Telecomunicación de la UPM donde imparte docencia e investigación en materias relacionadas con los aspectos socioeconómicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y su regulación. Entre otros méritos ha sido Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Director General para el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Consejero de los Consejos de Administración del CDTI y de la Entidad Pública Empresarial Red.es. Ha sido director de la Cátedra RED. ES de la UPM desde donde ha asesorado a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y a la entidad empresarial Red.es del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Además, ha sido Patrono fundador y Vicepresidente de las Fundaciones DINTEL y ONG Solidarios Profesionales. En el sector privado, ha sido Presidente de la Consultora Symmachia, consejero de TTT e Infoglobal y asesor de IKUSI, CEPREDE y Cable AML. En la actualidad realiza sus funciones docentes e investigadoras en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid en el área del Análisis y Prospectiva del Sector y la Economía Digital. Coordina el Foro de Gobernanza de Internet en España.